Objetivo:
Desarrollar en los funcionarios judiciales las capacidades necesarias para abordar y resolver casos de niñez y adolescencia conforme a la doctrina de protección integral, aplicando los principios de interés superior, participación y no discriminación, para asegurar decisiones judiciales con enfoque humanista, garantista y especializado.
Competencia:
Aplica la doctrina de protección integral y el control de convencionalidad en la atención de casos de niñez y adolescencia, garantizando la protección efectiva de sus derechos humanos mediante intervenciones basadas en el interés superior, la participación, la no discriminación y la promoción de medidas de protección no institucionalizadoras y sanciones no privativas de libertad.